Carabineros no es capaz hoy de cumplir satisfactoriamente “con sus principales funciones constitucionales, incluido el control del orden público”. Así opinan los autores de esta propuesta que considera cambios de largo plazo (terminar con su carácter militarizado) y medidas urgentes (exigir el uso de identificación y fortalecer tanto los test de droga como el registro audiovisual de sus actuaciones). Contra la tesis del gobierno de que la seguridad mejorará con más policías, el documento pone el acento en la deficiente calidad profesional de la policía que ya hay y de la que se está formando.
Carabineros de Chile, desde hace algún tiempo, enfrenta una profunda crisis que se puede expresar en tres dimensiones:
- Crisis de desempeño: referida a falta de capacidad profesional para cumplir eficazmente sus funciones de prevención, investigación de los delitos y control del orden público.
- Crisis de control: referida a su excesiva autonomía (fáctica) y escasa rendición de cuentas en materia de gestión operativa, financiera y desarrollo institucional.
- Crisis de legitimidad: referida a la pérdida de credibilidad y confianza en amplios sectores de la población.
Estas tres crisis le han impedido cumplir satisfactoriamente con sus principales funciones constitucionales y legales, incluidas la prevención e investigación de delitos y el control del orden público. Lo ocurrido las últimas semanas ha hecho más evidente la existencia de varios problemas que han generado esta crisis, pero se trata de una cuestión que se viene manifestando ya hace varios años y que requiere de cambios y transformaciones orientadas a resolver algunas temáticas urgentes, pero especialmente con una mirada de mediano y largo plazo que apunte a una re-configuración institucional significativa.
En este contexto, este documento presenta ideas preliminares para iniciar un debate acerca de reformas a Carabineros que nos permita contar a futuro con cuerpos policiales altamente profesionales, especializados y que cumplen satisfactoriamente los estándares de eficacia y respecto a los derechos que impone el Estado de Derecho. En la sección final, formulamos también ideas y propuestas referidas al actuar de Carabineros para ayudar a enfrentar de manera inmediata los problemas de orden público, violencia, delincuencia y abusos policiales generados estas últimas semanas.
ORIENTACIÓN GENERAL DE LA REFORMA
La magnitud de la crisis que afecta a Carabineros de Chile hace difícil que pueda ser superada en un plazo breve con algunos proyectos de reforma legal específicos, como los que actualmente se tramitan en el Congreso Nacional. Se requieren reformas profundas, incluso algunas referidas a aspectos estructurales de su actual configuración institucional que no han estado en la mesa de discusión. Por ejemplo, su carácter militarizado, la existencia de dos escalafones tan diferenciados como los actuales, sus niveles de centralización, entre otros.
Este debate se debiera hacer sin prejuicios ni temas vedados y estar abierto a pensar en soluciones que incluso puedan pasar por la configuración de nuevas organizaciones policiales con funciones más acotadas que las que en la actualidad tiene Carabineros. Más allá de esto, es difícil que se pueda avanzar en una nueva institucionalidad policial eficaz y socialmente legitimada, sin abrir un debate y contar con un nuevo consenso respecto al horizonte normativo del tipo de organización policial que esperamos consolidar a mediano y largo plazo.
En nuestra opinión dicha orientación debiera ser avanzar a lo que la literatura identifica como un modelo de policía democrática. Las policías democráticas tienen por finalidad resguardar el bien común, garantizando -contra toda otra fuerza- los derechos de las personas. Con tal propósito, la policía es el único organismo habilitado para detentar el monopolio legítimo de la fuerza. Para su ejercicio se relaciona con la autoridad civil del Estado, actuando en su nombre. El desafío central de toda policía democrática es la prestación de un servicio de manera justa y efectiva ante el delito, generando legitimidad social y apegada a la legalidad, contribuyendo con ello a la cohesión social. Esto supone una visión muy diferente a la que actualmente pareciera orientar el trabajo de Carabineros y, como señalamos, supondría pensar de una manera muy diversa su actual configuración institucional. Una orientación de esta naturaleza debe luego traducirse en el desarrollo de modelos policiales más específicos.
Una reforma de esta naturaleza supone ser enfrentada como una tarea de Estado, con amplios niveles de consenso entre distintos sectores y liderazgo político sostenido en el tiempo. También requiere ser llevada con y no contra las policías, lo que significa que se debe obtener el compromiso de la propia institución e identificar liderazgos adecuados para participar de este proceso, para ello la autoridad política debe establecer y utilizar incentivos que promuevan una participación institucional leal y comprometida con el proceso de cambio.
Consideramos urgente abrir un debate sobre esta orientación normativa de la policía que queremos de manera que ella sea el foco que ilumine esfuerzos incrementales de reforma. Por eso proponemos al Gobierno:
- Constituir en el corto plazo una mesa de trabajo que consulte la participación de expertos y expertas (nacionales e internacionales), sociedad civil con experiencia en el área, personas del mundo policial y político transversales que encare esta discusión y oriente el debate de reformas de mediano y largo plazo.